Fallo «Arostegui»- Indemnización por Accidentes

Abogada

¿Necesitas asesorarte por el tema de accidente ?

Consulta con abogados

Llama o escribí a nuestros abogados ahora mismo:

Tel. (011) 5153-5258

Cel./ WhatSapp. (011) 3950-8886

Correo electrónico: abogados@accidentes24hs.com.ar

Consulta online

 

 

Arostegui Pablo Martín c/Omega Aseguradora
de Riesgos del Trabajo SA y Pametaal Peluso y Compañía S.C. A.

n° 436, L. XL.

Abogada de accidentes
Consulta por accidentes

Procuración General de la Nación
-1-
S u p r e m a C o r t e :
-ILa
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala
III), confirmó la sentencia que rechazó la demanda dirigida a
obtener la reparación de una minusvalía laboral en el marco de
la legislación civil. Para así resolver, en lo que interesa,
siguiendo los lineamientos del precedente de Fallos: 325:11
(Gorosito), sostuvo la constitucionalidad del artículo 39 de
la ley n° 24.557 por no haberse acreditado que su aplicación
comportara la frustración del resarcimiento de los daños a la
integridad psicofísica del trabajador o su rehabilitación. Al
efecto, valoró que la comparación de los montos concedidos por
la Sala en casos basados en el derecho común, conforme al
criterio establecido en autos «Vuoto», -en el supuesto:
$57.101,78 por daño material sobre un salario mensual de
$446,40, más $5.000 por incapacidad psíquica y $10.000 por
daño moral-, y las sumas que percibirá el actor en el contexto
de la ley especial -$163.098 calculados sobre una renta
mensual de $306 a partir del año 2000-, permite inferir que
las últimas superarán a los primeros. Todo lo anterior,
computado en base a una minusvalía del 65% de la total obrera
y una vida útil posterior al accidente estimada en 41 años (v.
fs. 867/871 y 958/961).
Contra dicho pronunciamiento, el actor dedujo recurso
extraordinario federal (v. fs. 971/980), que fue contestado
(fs. 984/1015 y 1017/1018) y denegado a fojas 1020,
dando lugar a la interposición del presente recurso directo
(v. fs. 67/73 del cuaderno respectivo).
-IIEn
síntesis, la quejosa dice que el resolutorio es
-2-
arbitrario y vulnera las garantías y derechos de los artículos
14 bis y 16 a 19 de la Ley Suprema. Arguye, en particular, que
los montos calculados por la Sala son erróneos e inaplicables
pues de la renta percibida mensualmente por la incapacidad
absoluta -65% física y 10% psicológica- $120 corresponden a
las asignaciones familiares, con lo cual, de los $225,05
pagados en octubre de 2000, ella escasamente supera los $100;
extremo al que se agrega la absoluta desproporción con los
daños sufridos y que no tiene posibilidad de administrar los
fondos que le corresponden, a los que se aplica un interés muy
inferior a los reales que obtiene la aseguradora. Refiere, por
último, que se reconoce validez a los artículos 1° y 39 de la
LRT en oposición a los derechos constitucionales citados. Cita
jurisprudencia foral y acompaña recibos tocantes a la renta
periódica por los meses de diciembre de 2003 y enero de 2004
(fs. 971/980).
-IIIEn
principio, incumbe precisar que los agravios
remiten al examen de cuestiones de hecho y prueba y de derecho
común y procesal, extrañas -como regla y por su naturaleza- a
la instancia del artículo 14 de la ley n° 48. No obstante, V.E.
también tiene dicho que ello no resulta óbice para habilitar
el recurso cuando se ha omitido dar un tratamiento adecuado a
la controversia de acuerdo a los términos en que fue
planteada, el derecho aplicable y la prueba rendida. En las
condiciones antedichas, el pronunciamiento no constituye un
acto judicial válido y debe revocarse (v. Fallos: 311:1656,
2547; 317:768, entre otros).
En mi parecer, ello es lo que acaece en las actuaciones.
Y es que si bien la Sala, al efectuar la comparación
entre las reparaciones en el plano de la ley común y especial,
Arostegui Pablo Martín c/Omega Aseguradora
de Riesgos del Trabajo SA y Pametaal Peluso
y Compañía
S.C. A. n° 436, L. XL.
Procuración General de la Nación
-3-
remite a la renta periódica informada en el peritaje contable
(fs. 766vta. y 960), cabe advertir que de la propia
documentación acompañada por la compañía aseguradora resulta
que ello incluye $120 en concepto de asignaciones familiares
(v. fs. 309/317 y 358-366, etc.).
Se añade a lo expresado que emerge igualmente de las
constancias de la causa, la existencia de períodos anteriores
y posteriores al año 2000 en que la renta mensual alcanzó,
aproximadamente, la cifra invocada por el accionante (a saber:
$225,05, incluyendo $120 en concepto de asignaciones
familiares -fs. 318/323, 367/372 y 969/970, entre otras-),
extremo, por otra parte, admitido expresamente por la compañía
de seguros al evacuar el traslado del recurso extraordinario,
oportunidad en que expresó que: «Y esta parte le otorga hasta
la actualidad al actor una renta periódica de $ 225Y» (cfse.
fs. 989, párrafo 4°), y no desmentido por la firma empleadora
en idéntica coyuntura (cfse. fs. 1017-1018).
En las condiciones antedichas, la decisión no se
sustenta, toda vez – por de pronto- que sólo en el supuesto
referido a la indemnización calculada en el ámbito del derecho
común se ponderaron montos que no incluyen asignaciones
familiares (cf. fs. 41/42, 765vta. y 960), a lo que se agrega
-allende la falta de impugnación oportuna en ese aspecto del
informe contable (cf. fs. 781/82, 918 y 827)- que existe razonable
controversia en torno al importe de la renta periódica
tomada en consideración por la ad quem para el cómputo de la
reparación tocante a la ley especial (v. fs. 960).
En un orden análogo, se infiere, asimismo, de la
presentación que el reproche apunta igualmente al carácter
«desmembrado» del resarcimiento, lo que provoca al actor que
aquél se torne insignificante (cfse. fs. 975). En otros términos,
arguye también el apelante que el daño se lo provoca la
-4-
forma de pago (fs. 976). Tal aspecto, considerado por V.E. en
Fallos: 327:4607 («MiloneY»), entre otros antecedentes, fue
propuesto por el interesado en ocasión de deducir la demanda
(fs. 88) y retomado, luego, en oportunidad de interponer la
apelación (cfse. fs. 890), siendo soslayado totalmente por la
Alzada Foral al emitir el resolutorio arribado en recurso (cf.
fs. 958/961), lo que lo torna de igual manera descalificable.
Lo expresado, no importa anticipar criterio sobre el
fondo del asunto, cuestión, por otra parte, exclusiva de los
jueces de la causa y extraña -por norma- a la vía de excepción.
-IVPor
lo expresado, considero que corresponde hacer
lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario
federal, dejar sin efecto la sentencia apelada y disponer
que vuelvan los autos al tribunal de origen, a sus efectos.
Buenos Aires, 21 de junio de 2007.
Dra. Marta A. Beiró de Gonçalvez
Es copia
A. 436. XL.
RECURSO DE HECHO
Arostegui, Pablo Martín c/ Omega Aseguradora
de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso
y Compañía S.R.L.
-1-
Buenos Aires, 8 de abril de 2008.
Vistos los autos: «Recurso de hecho deducido por Pablo
Martín Arostegui en la causa Arostegui, Pablo Martín c/ Omega
Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso y
Compañía S.R.L.», para decidir sobre su procedencia.
Considerando:
1°) Que la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo confirmó la sentencia de primera instancia
que había rechazado la demanda promovida por el trabajador
contra su empleadora y la aseguradora de riesgos del trabajo
(ART) de ésta, en la que el primero reclamaba con base en el
Código Civil una indemnización por los daños derivados de un
accidente laboral. Para resolver como lo hizo, el a quo consideró
que el actor (padre de tres hijos y que contaba 24 años
al momento de los hechos, 25 de abril de 1997), padecía una
incapacidad física del 65% y psíquica del 10%, de la llamada
total obrera, a consecuencia del infortunio sufrido cuando un
compañero de tareas puso en movimiento la guillotina del
balancín en el que aquél estaba trabajando, produciéndosele la
amputación parcial de cuatro dedos de la mano derecha y tres
de la mano izquierda. Tras señalar que el daño era resarcible
en los términos del art. 1113 del Código Civil, juzgó que no
se presentaban en el caso los presupuestos fácticos que
habilitaran la declaración de inconstitucionalidad del art.
39.1 de la ley 24.557, de riesgos del trabajo (LRT). Para
ello, efectuó una comparación entre lo que le correspondía
percibir a la víctima por prestaciones dinerarias según el
sistema tarifado previsto en el art. 14.2.b de la LRT y los
montos que usualmente concedía la sala para reclamos basados
en el derecho común. A este fin tuvo en cuenta que, desde el
infortunio, el actor cobraba de la ART una renta mensual que,
a partir del año 2000, era de aproximadamente $ 306, por lo
-2-
que, hasta la fecha de su jubilación, percibiría a Avalores
constantes» un equivalente a $ 163.098 ($ 306 x 13 meses x 41
años). Por otro lado, para estimar la reparación del derecho
civil, aplicó el criterio de su propia jurisprudencia asentada
en el caso «Vuoto, Dalmero c/ Telefunken Argentina S.A.»
(sentencia del 16 de junio de 1978), según el cual, «el monto
del resarcimiento por daño material (lucro cesante) debe
consistir en principio en una suma tal que, puesta a un
interés anual del 6%, permita un retiro periódico y se
amortice en el lapso de tiempo estimado de vida útil de la
víctima. Esto puede obtenerse por medio de la fórmula: C = a x
(1-Vn) x 1/i; de donde Vn = 1/(1+in), a representa el retiro
por período (equivalente a la disminución del salario anual
provocada por la incapacidad), n el número de períodos
(cantidad de años que restan hasta que el damnificado se halle
en condiciones de obtener jubilación ordinaria con haber
máximo) e i el coeficiente de la tasa de interés en el período
(0,06). En el presente caso, el salario mensual de la víctima
ascendía a $ 446,4; la vida útil posterior al accidente puede
estimarse en 41 años y la incapacidad equivalente a 65% por lo
que la indemnización por tal concepto asciende a $ 57.101,78»,
la cual elevó a $ 72.101,78 al adicionarle reparaciones por
los daños psíquicos ($ 5.000) y moral ($ 10.000). A partir de
esos cálculos, la sala concluyó en que las sumas que
percibiría el actor en el marco de la LRT superaban las que
correspondían por el derecho común, por lo que no se daban los
mencionados presupuestos que justificarían la
inconstitucionalidad solicitada en la demanda.
2°) Que contra dicha sentencia la actora dedujo
recurso extraordinario, en el que afirma la arbitrariedad de
aquélla con sustento en que hizo un deficiente análisis de los
hechos probados, tanto en relación a la gravedad del daño,
A. 436. XL.
RECURSO DE HECHO
Arostegui, Pablo Martín c/ Omega Aseguradora
de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso
y Compañía S.R.L.
-3-
como al importe y composición de la renta que percibe y a la
reparación que le correspondería por aplicación del derecho
civil. Destaca que la renta Cque afirma en $ 225,05C es baja,
ya que incluye asignaciones familiares que dejará de percibir
cuando sus hijos sean mayores de edad, y que, por su forma de
pago periódica, constituye una indemnización totalmente
desmembrada, que le impide disponer de su patrimonio. Señala
que la reparación reclamada según el derecho civil debe tener
carácter integral, es decir, contemplar todos los ámbitos de
la vida y no sólo el laboral, los cuales ningún cálculo
matemático, por más brillante que sea, puede contemplar.
Finalmente, cuestiona que, con la decisión adoptada, se haya
dado validez constitucional a los arts. 1 y 39 de la LRT. La
denegación de ese recurso dio origen a la queja en examen.
3°) Que los agravios del apelante suscitan cuestión
federal para su tratamiento por la vía intentada dado que, si
bien remiten a cuestiones de derecho común y procesal, ajenas
como regla a la instancia del art. 14 de la ley 48, ello no
resulta óbice cuando el fallo contiene una ponderación de la
realidad económica que satisface sólo en apariencia el principio
de la reparación integral, o no constituye una derivación
razonada del derecho vigente con arreglo a las constancias
de la causa, u omite el examen de circunstancias relevantes
del litigio (Fallos: 299:125; 300:936 y 303:2010, entre
otros). En el sub examine se configuran estas excepciones por
un triple orden de razones que se relacionan, las dos
primeras, con el juzgamiento de la reparación, tanto en el
ámbito de la LRT cuanto en el del Código Civil, y el tercero,
con la preterición de un extremo conducente para la debida
decisión de la controversia.
4°) Que esto es así, en cuanto al primer aspecto
indicado, por dos motivos. En primer lugar, en el importe de
-4-
la renta mensual ($ 306) se incluyeron las asignaciones familiares
por hijos ($ 120), sin dar razones por las cuales éstas
integrarían dicho importe durante 41 años. En segundo término,
resulta absolutamente inválido el método de sumar, como si
fueran valores actuales, cantidades monetarias que el
trabajador habrá de percibir en diferentes períodos de tiempo.
En efecto, las cantidades de dinero sólo pueden ser objeto de
adición cuando ocurren en el mismo momento, por lo cual la
sala, al multiplicar los $ 306 del modo en que lo hizo,
soslayó considerar el «valor actual» de esas rentas futuras.
No sería ocioso recordar que la propia LRT sigue el concepto
de «valor actual» del dinero en su art. 49, disposición final
segunda, punto 3, así como en el ya citado art. 14.2.b, texto
según decreto 1278/2000, a los efectos de la aplicación de los
topes de $ 55.000 y $ 180.000 allí previstos. Estas objeciones
al método seguido respecto de la LRT se robustecen aun más a
poco que se advierta que el a quo sí las habría tenido en
cuenta al calcular el otro término de la comparación, esto es,
la indemnización del Código Civil de acuerdo al antes
recordado criterio del caso «Vuoto». Ello, por cierto, acredita
con mayor evidencia la invalidez de haber sumado de manera
directa las rentas mensuales.
Cuadra agregar, en todo caso, que la referencia del
fallo apelado a los valores Aconstantes» de las rentas no se
encuentra acompañada de explicación alguna que la precise y
justifique, máxime cuando ello tampoco surge de las constancias
del proceso vinculadas con las rentas percibidas por el
actor entre 1997 y 2000 (v. expediente principal: peritaje
contable, fs. 766/766 vta.; documentación, fs. 345/391; asimismo:
contestación de la ART al recurso extraordinario, fs.
989, cuarto párrafo).
5°) Que, en orden al segundo aspecto, el a quo, so
A. 436. XL.
RECURSO DE HECHO
Arostegui, Pablo Martín c/ Omega Aseguradora
de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso
y Compañía S.R.L.
-5-
color de restitutio in integrum, estimó el resarcimiento por
el daño material del derecho civil también mediante una tarifa.
Más todavía; de una tarifa distinta en apariencia de la
prevista en la LRT, pero análoga en su esencia pues, al modo
de lo que ocurre con ésta, sólo atiende a la persona humana en
su faz exclusivamente laboral, vale decir, de prestadora de
servicios, ya que lo hace mediante la evaluación del perjuicio
material sufrido en términos de disminución de la llamada
Atotal obrera» y de su repercusión en el salario que ganaba al
momento de los hechos proyectado hacia el resto de la vida
laboral de aquélla. Tal criterio de evaluación, por lo
reduccionista, resulta opuesto frontalmente al régimen
jurídico que pretende aplicar, dada la comprensión plena del
ser humano que informa a éste. Al respecto, la doctrina constitucional
de esta Corte tiene dicho y reiterado que Ael valor
de la vida humana no resulta apreciable tan sólo sobre la base
de criterios exclusivamente materiales», ya que no se trata Ade
medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica
de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de
justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital
de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos
con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu
también integran el valor vital de los hombres» (AAquino»,
votos de los jueces Petracchi y Zaffaroni, Maqueda y
Belluscio, y Highton de Nolasco, Fallos: 327:3753, 3765/ 3766,
3787/3788 y 3797/3798, y sus citas; y «Díaz», voto de la jueza
Argibay, Fallos: 329:473, 479/480, y sus citas).
El Tribunal también ha expresado en diversos pronunciamientos
vinculados, al igual que los citados anteriormente,
con infortunios laborales en el contexto indemnizatorio
del Código Civil, que la incapacidad del trabajador, por un
lado, suele producir a éste «un serio perjuicio en su vida de
-6-
relación, lo que repercute en sus relaciones sociales,
deportivas, artísticas, etc.», y que, por el otro, «debe ser
objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder
por el menoscabo de [la] actividad productiva y por el daño
moral, pues la integridad física en sí misma tiene un valor
indemnizable» (Fallos: 308:1109, 1115 y 1116). De ahí, que
«los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos
médicos Caunque elementos importantes que se deben considerarC
no conforman pautas estrictas que el juzgador deba seguir
inevitablemente toda vez que no sólo cabe justipreciar el
aspecto laboral sino también las consecuencias que afecten a
la víctima, tanto desde el punto de vista individual como
desde el social, lo que le confiere un marco de valoración más
amplio» (Fallos: 310:1826, 1828/1829). Tampoco ha dejado de
destacar que en el ámbito del trabajo, incluso corresponde
indemnizar la pérdida de «chance», cuando el accidente ha
privado a la víctima de la posibilidad futura de ascender en
su carrera (Fallos: 308:1109, 1117).
6°) Que, finalmente, en cuanto al tercer punto
cuestionado, que al margen de su autonomía complementa el
analizado en el considerando anterior, debe advertirse que, al
limitar su examen a la ya recordada comparación, la sala dejó
de atender a un agravio del actor relevante para el juzgamiento
del sub lite como lo es el carácter desmembrado de la
forma de percepción de la reparación prevista en la LRT (renta
periódica). Esta circunstancia, por lo demás, fue tenida en
cuenta de manera expresa por el Tribunal al pronunciarse en la
causa «Milone» (Fallos: 327:4607), oportunidad en la que
admitió que la señalada modalidad puede consagrar una solución
«incompatible con el principio protectorio y los
requerimientos de condiciones equitativas de labor (art. 14
bis de la Constitución Nacional)», así como mortificar «el
A. 436. XL.
RECURSO DE HECHO
Arostegui, Pablo Martín c/ Omega Aseguradora
de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso
y Compañía S.R.L.
-7-
ámbito de libertad resultante de la autonomía del sujeto para
elaborar su proyecto de vida», e introducir «un trato discriminatorio»
(Fallos: 327:4607, 4619 y 4620). Tal como lo ha
juzgado la Corte Interamericana de Derechos Humanos «[e]l
‘proyecto de vida’ se asocia al concepto de realización personal,
que a su vez se sustenta en las opciones que el sujeto
puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se
propone. En rigor, las opciones son la expresión y garantía de
la libertad. Difícilmente se podría decir que una persona es
verdaderamente libre si carece de opciones para encaminar su
existencia y llevarla a su natural culminación. Esas opciones
poseen, en sí mismas, un alto valor existencial y su
cancelación o menoscabo implican la reducción objetiva de la
libertad y la pérdida de un valor que no puede ser ajeno a la
observación de esta Corte» (Loayza Tamayo vs. Perú (reparaciones
y costas), sentencia del 27 de noviembre de 1998, Serie
C N° 42, párr. 148).
7°) Que, en suma, los diversos motivos que han sido
expresados conducen a que la sentencia recurrida deba ser
descalificada como acto judicial válido, según conocida y
permanente jurisprudencia de esta Corte en materia de arbitrariedad.
Por ello, y lo concordemente dictaminado por la señora
Procuradora Fiscal, se hace lugar a la queja, se declara procedente
el recurso extraordinario y se deja sin efecto la
sentencia apelada, con el alcance indicado, con costas (art.
68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Vuelvan
los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien
-//-
-8-
-//- corresponda, sea dictado un nuevo fallo con arreglo al
presente. Agréguese la queja al principal, hágase saber y,
oportunamente, remítase. RICARDO LUIS LORENZETTI – ELENA I.
HIGHTON de NOLASCO (según su voto)- CARLOS S. FAYT – ENRIQUE
SANTIAGO PETRACCHI – JUAN CARLOS MAQUEDA – E. RAUL ZAFFARONI –
CARMEN M. ARGIBAY (según su voto).
ES COPIA
VO-//-
A. 436. XL.
RECURSO DE HECHO
Arostegui, Pablo Martín c/ Omega Aseguradora
de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso
y Compañía S.R.L.
-9-
-//-TO DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DOCTORA DOÑA ELENA I.
HIGHTON de NOLASCO
Considerando:
1°) Que la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo rechazó la demanda promovida por el actor
contra su empleadora y la aseguradora de riesgos del trabajo,
para obtener la reparación integral de los daños sufridos como
consecuencia de un accidente laboral. Para así resolver, el a
quo juzgó que no se presentaban en el caso los presupuestos
fácticos que habilitaran la declaración de inconstitucionalidad
del art. 39.1 de la ley 24.557 solicitada por el
demandante. Contra dicho pronunciamiento, el actor dedujo el
recurso extraordinario cuya denegación dio lugar a la presente
queja.
2°) Que, en lo relativo a la inconstitucionalidad del
art. 39, inc. 1 de la ley 24.557, las cuestiones debatidas en
el sub lite son sustancialmente idénticas a las tratadas en la
causa «Aquino» (Fallos: 327:3753), a cuyos términos cabe
remitirse, por razones de brevedad.
3°) Que la conclusión antecedente determina la procedencia
del recurso extraordinario deducido y la revocación
de lo resuelto, lo que torna inoficioso el examen de los restantes
agravios formulados, en tanto deberá dictarse nuevo
fallo con arreglo a las normas de derecho común a que habilita
la presente decisión.
Por ello, y oída la señora Procuradora Fiscal, se declara
procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la
sentencia recurrida, con costas. Vuelvan los autos al tribunal
de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte nuevo
pronunciamiento con arreglo a lo resuelto. Agréguese la
-//-
-10-
-//-queja al principal, hágase saber y oportunamente, remítase.
ELENA I. HIGHTON de NOLASCO.
ES COPIA
VO -//-
A. 436. XL.
RECURSO DE HECHO
Arostegui, Pablo Martín c/ Omega Aseguradora
de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso
y Compañía S.R.L.
-11-
-//-TO DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA CARMEN M. ARGIBAY
Considerando:
1°) El 25 de abril de 1997, el señor Arostegui,
ayudante de guillotina, tuvo un accidente en la fábrica de
fábricas y ventanas de propiedad de la demandada, cuando al
colocar unos sobrantes pequeños de metal en el artefacto otro
trabajador accionó el pedal. Como consecuencia, el actor
sufrió la amputación parcial de tres dedos de cada mano.
Por la incapacidad física del 65% y la psicológica
del 10%, que le fue determinada, recibe una Arenta periódica»
de $ 225 por mes de parte de la codemandada Omega A.R.T, más
asignaciones familiares.
En la presente causa, persigue de su empleadora la
reparación integral de su incapacidad definitiva con fundamento
en las normas del Código Civil, a cuyo fin solicitó la
declaración de inconstitucionalidad de los arts. 1 y 39 de la
LRT (fs. 9/10 vta.; 85/104 vta., especialmente fs. 10 y 87).
Con respecto a la aseguradora, le imputó diversos incumplimientos
en los deberes que la ley asigna.
El escrito inicial fue breve, pero en la ampliación
de fojas 85/104 vta. la actora reiteró claramente su impugnación
de inconstitucionalidad de las normas de la Ley de Riesgos
de Trabajo que le impedían acceder a la reparación por la
vía civil (v. fs. 87)
2°) La Sala III de la Cámara de Apelaciones del
Trabajo confirmó la sentencia de primera instancia que había
rechazado la demanda.
El a quo señaló que el actor, padre de tres hijos de
24 años de edad al momento de los hechos, padecía de una
incapacidad física del 65% y psíquica del 10% de la total
obrera.
Seguidamente dijo, que si bien se trataba de un
-12-
daño resarcible en los términos del artículo 1113 del Código
Civil, no se presentaban en el caso los presupuestos fácticos
que habilitaran la declaración de inconstitucionalidad del
artículo 39.1 de la ley 24.557, de riesgos del trabajo (LRT).
Ello, a partir de efectuar una comparación entre lo
que le correspondía percibir por prestaciones dinerarias según
el sistema tarifado previsto en el art. 14.2 b de la LRT y
los montos que usualmente concedía la Sala para reclamos
basados en el derecho común. Tuvo en cuenta que, desde el
infortunio, el actor cobraba una renta mensual que, a partir
del año 2000, era de aproximadamente $ 306, por lo que, hasta
la fecha de su jubilación, percibiría a Avalores constantes»
un equivalente a $ 163.098 ($ 306 x 13 meses x 41 años).
Para estimar la reparación del derecho civil, aplicó
el criterio de su propia jurisprudencia asentada en el caso
AVuoto, Dalmero c/ Telefunken Argentina S.A.» (sentencia del 16
de junio de 1978), según el cual, Ael monto del resarcimiento
por daño material (lucro cesante) debe consistir en principio
en una suma tal que, puesta a un interés anual del 6%, permita
un retiro periódico y se amortice en el lapso de tiempo
estimado de vida útil de la víctima».
Aseveró luego, que en el presente caso, el salario
mensual de la víctima ascendía a $ 446,4; la vida útil posterior
al accidente puede estimarse en 41 años y la incapacidad
equivalente a 65% por lo que la indemnización por tal concepto
ascendía a $ 57.101,78, la cual elevó a $ 72.101,78 al
adicionarle reparaciones por los daños psíquico ($ 5.000) y
moral ($ 10.000).
A partir de estos cálculos, la sala concluyó en que
las sumas que percibiría el actor en el marco de la LRT superaban
las que correspondían por el derecho común, por lo que
no se daban los mencionados presupuestos que justificarían la
A. 436. XL.
RECURSO DE HECHO
Arostegui, Pablo Martín c/ Omega Aseguradora
de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso
y Compañía S.R.L.
-13-
inconstitucionalidad solicitada en la demanda.
3°) Contra esta decisión la actora dedujo recurso
extraordinario, en el que afirma su arbitrariedad con sustento
en que el a quo hizo un deficiente análisis de los hechos
probados, tanto en relación a la gravedad del daño, como al
importe y composición de la renta que percibe y a la reparación
que le correspondería por aplicación del derecho civil.
Asimismo, insiste en la inconstitucionalidad del artículo 39
de la L.R.T.
4°) En lo relativo a la inconstitucionalidad del
artículo 39 inc. 1 de la ley 24.557, las cuestiones debatidas
en el sub lite son sustancialmente idénticas a las tratadas en
(Fallos: 329:473) ADíaz, Timoteo Filiberto», voto de la jueza
Argibay, a cuyos términos cabe remitirse, por razones de
brevedad.
5°) La conclusión antecedente determina la procedencia
del recurso extraordinario deducido y la revocación de
lo resuelto, lo que torna inoficioso el examen de los restantes
agravios formulados, en tanto debería dictarse un nuevo
fallo con arreglo a las normas de derecho común a que habilita
la presente decisión.
Por ello, y oída la señora Procuradora Fiscal, se declara
procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la
sentencia recurrida con el alcance indicado, con costas.
Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por
quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con
arreglo a lo resuelto. Agréguese la queja al principal, hágase
saber y, oportunamente, remítase. CARMEN M. ARGIBAY.
ES COPIA

Consulta telefónica

¿Sufriste un accidente?

Llama o escribí a nuestros abogados ahora mismo:

Tel. (011) 5153-5258

Cel./ WhatSapp. (011) 3950-8886

Correo electrónico: abogados@accidentes24hs.com.ar

Consulta online